En cualquier momento de crisis aguda, se activan con mayor o menor intensidad todos los mecanismos de supervivencia del sistema.

Lo estamos viendo con el Covid-19.

Los individuos intentan no contagiarse y buscan las fórmulas para sobrellevar de forma confortable el confinamiento.

Las empresas intentan salvar la cuenta de resultados, recurriendo a cualquier mecanismo que tengan a su disposición para mitigar la pérdida de ingresos, por ejemplo, a través de ERTEs o despidos.

Los Gobiernos intentan mantener una imagen de seguridad ante la opinión pública y los adversarios políticos, recurriendo a cualquier tipo de iconografía escénica.

Y las Administraciones procuran los recursos necesarios para atender a las necesidades esenciales, atenazadas por su falta de capacidad presupuestaria presente o futura.

En este contexto, cuando denunciamos ciertos comportamientos insolidarios, o ciertas medidas como insuficientes o contraproducentes, estamos notando el impacto, aunque sea intuitivamente, de las relaciones existentes entre los sistemas.

Un individuo que se desplaza a su segunda residencia para confinarse pone en riesgo a la comunidad. Una empresa que le pide a sus trabajadores que sigan trabajando para mantener la actividad económica, pone en riesgo su salud y la de la comunidad. Una empresa que opta por extinguir los contratos temporales fraudulentos que tenía suscritos con sus trabajadores pone en riesgo la estabilidad económica del empleado y su familia, y sobrecarga financieramente el sistema público de seguridad social. Un gobierno que no equilibra y distribuye adecuadamente recursos y procesos, pone en riesgo a los empleados y a sus familias, a los autónomos y a las empresas, al sistema económico y, con ello, al sostenimiento del sistema público de seguridad social y empleo.

El balance no es fácil, pero ahí es donde se pone a prueba la capacidad de gestión en momentos de crisis.

Hay que mapear bien todos los posibles riesgos y vulnerabilidades, y hay que identificar todas las deficiencias y requerimientos sobre diferentes escenarios, que deberían incluir la atención por igual (que significa diversificada) a individuos y grupos de interés.

Siempre es más complicado hacerlo a reacción, que cuando se ha anticipado previamente. Y siempre es más complejo, cuanto mayores y menos cohesionados sean y estén los sistemas.

Dicho esto, quiero detenerme sólo en dos cuestiones laborales, ambas reguladas a través de sendos Reales-Decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

Primera. Cuando se decreto el cierre de los colegios en virtud del Real Decreto que declaraba el estado de alarma, una multitud de padres y madres trabajadores con hijos menores se vieron abocados a una situación compleja de conciliación laboral y familiar. La solución arbitrada fue la de flexibilizar la reducción de jornada por guarda leal, con reducción proporcional de salario. En este caso, las reglas de intercambio se decantaron a favor de la Administración que, para este caso, no desplegó ningún tipo de prestación complementaria.

Las empresas ven reducida su capacidad productiva. Y los empleados recortan su capacidad económica. O aquéllos que pueden pasar a desarrollar su prestación laboral en remoto desde sus domicilios, desplazan la distribución de su jornada a horarios vespertinos o nocturnos, limitando los derechos de desconexión y de descanso entre jornadas previstos tanto en la normativa laboral, como en la de seguridad y salud en el trabajo. ¿Es esta una solución integradora? ¿Cumple, además, con la carga programática contenida en el derecho al trabajo previsto en el art. 35 de la Constitución Española? ¿Se puede forzar el cese de la actividad laboral sin una compensación a cambio?

Segunda. Pero es que el estado de pandemia global y el estado de alarma, con el cierre forzoso de otra serie de establecimientos, plantea otro problema. El cese de actividad, provoca la caída directa o indirecta de ingresos a un ritmo superior al de los gastos, situación que no necesita de la concurrencia de más factores externos, y que se extiende lo que dure el mismo. Esta situación, en sí misma, es temporal, razón por la cual parece razonable que se flexibilice el recurso a fórmulas de flexibilidad interna y de suspensión del contrato. Antes de tomar medidas drásticas “vamos a ver”. Una variante del “no pongamos antes la venda que la herida”.

En este escenario de reajuste, aparentemente, las reglas de intercambio se equilibran claramente por debajo: el sistema público realiza un gasto en prestaciones y en cotizaciones, la empresa reduce sus gastos de personal (aunque mantiene buena parte de los gastos generales), y los empleados afectados ven reducidos sus ingresos. El equilibrio por arriba depende de la capacidad de mejora que pueda o quiera acometer la empresa, especialmente en función de lo fuerte que sea su tesorería y su balance y del nivel de consecución de presupuesto al momento de la crisis, lo crítico que sea retener el talento, el papel que hayan de jugar sus empleados en el escenario post-crisis, y el clima que quiere que impere en la organización tras la crisis.

Es por ello que parece poco razonable que se impongan condiciones a futuro, como la cláusula inespecífica de mantenimiento del empleo tras el cese del estado alarma por 6 meses, que se establece para todas aquellas empresas que hayan recurrido a ERTEs de fuerza mayor o por causas económicas productivas, al amparo de lo dispuesto en el Real-Decreto 8/2020.

Si bien se han de imponer condiciones, blindajes y restricciones durante el estado de alarma, una de las reflexiones es que el escenario de crisis sanitaria no es el escenario de post-crisis sanitaria, de manera que, sin analizar ni medir este último, resulta muy arriesgado limitar la capacidad de reacción a terceros. A menos que lo que ocurra, en realidad, es que se está regulando en clave “supervivencia” de sólo uno de los sistemas (el del sistema de seguridad social y de empleo, especialmente tras la falta de apoyo de los socios comunitarios de la UE).

La cuestión es que el cese del estado de alarma y la reanudación de la actividad económica, no llevarán a la normalidad. Las empresas ya están trabajando en diferentes escenarios, no sólo para valorar lo que deben facturar para compensar las pérdidas pasadas, sino para poder equilibrar el presupuesto a futuro.

Parece inevitable que tras la crisis sanitaria irrumpirá con virulencia una nueva crisis económica, cuyos efectos no serán temporales y, mucho menos, en el escenario que plantean algunos, de interrupciones intermitentes en función de rebrotes puntuales de la enfermedad.

En el momento en el que las empresas evidencien problemas productivos como consecuencia de la disminución de demanda o, en el caso de que se produzcan situaciones de pérdidas económicas, muchas con complejas imbricaciones globales y de comportamiento de la población mundial post-Covid, el tema cambia. En ese momento parece razonable que puedan plantearse todas las alternativas de reacción (despidos, si es preciso), deba valorarse su razonabilidad (pertinencia, indispensabilidad y proporcionalidad), en relación con el impacto que ellas vayan a tener a nivel individual, colectivo y social, y quepa también discriminar adecuadamente entre situaciones, empresas y niveles de responsabilidad.

La Exposición de Motivos del Real-Decreto 9/2020, públicado en el BOE hoy sábado 28 de marzo, declara que “es imprescindible ofrecer una solución conjunta”. Es cierto, pero conjunta no es única, ya de que lo contrario, en el mejor de los casos, sólo salvaremos una parte del todo.

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